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La Ilegal “Guerra Contra el Terrorismo” y sus Implicaciones Para las Relaciones Internacionales

La guerra es el evento más grave de las relaciones internacionales. Se trata de la etapa última de un
conflicto no resuelto por otros medios, sea por imposibilidad o por falta de voluntad política. De hecho, el
estudio de la guerra y sus causas ha motivado en gran medida el surgimiento de la disciplina de las
Relaciones Internacionales en la primera mitad del siglo XX. Una definición sencilla pero correcta de la
guerra es la siguiente: es un conflicto armado en el que intervienen fuerzas militares o dotadas de armas y
que genera un número de víctimas elevado.
Por el fuerte impacto que este evento provoca entre los beligerantes (sin hablar del efecto indirecto que
puede tener en otras areas), la sociedad internacional, a lo largo de su evolución e institucionalización, ha
empreendido un gran esfuerzo en definir bases legales para el uso de la fuerza. De este esfuerzo han
derivado las nociones de guerra legal y de guerra justa, esta última siendo una condición necesaria pero
no suficiente para la primera[1]. Para que la guerra sea legal, también hace falta su declaración por una
autoridad legítima, su correcta conducción y su necesidad, es decir, la imposibilidad de obtener los
resultados deseados a traves de medios pacíficos[2]. El derecho a la guerra, llamado de jus ad bellum,
encuentra sus fuentes sobre todo en los tratados internacionales y en la costumbre internacional[3]. El
principal documento codificado sobre el tema es la Carta de la Organización de las Naciones Unidas
(ONU), que define que la legalidad[4] del uso de la fuerza existe únicamente en dos casos: legítima
defensa en caso de ataque armado (artículo 51 de la Carta) y autorización expresa por su Consejo de
Seguridad (artículos 39 y 42).
En el caso de las guerras llevadas a cabo por los Estados Unidos en Afganistán en 2001 y en Irak en
2003, dos eventos que se incluyen en la denominada “guerra contra el terrorismo”, no hubo dicha
autorización del Consejo, con lo cual la legalidad de estos actos solo puede ser defendida por el
argumento de la legítima defensa. Según el autor Colin Flint[5], por legítima defensa se entiende
solamente la respuesta a un ataque armado y la defensa contra un ataque que aún no ocurrió pero que es
inminente.
En la guerra de Afganistan, se puede intentar argumentar que los actos terroristas del 11 de septiembre
del 2001 han configurado un ataque armado por parte del gobierno de este país, ya que daba soporte a los
agentes de los atentados. En cambio, en el caso de Irak ningún atentado o intento de atentado se llevó a
cabo para que se pudiera sostener la legalidad de la invasión; ni tampoco la justificativa de la guerra (la de
que el régimen iraquí tenía armas de destrucción masiva que podrían ser usadas contra los Estados Unidos
u otros aliados) estaba de acuerdo con la realidad, lo que se ha comprovado por el trabajo de los
inspectores de Naciones Unidas en Irak. Se trata, por tanto, de un indiscutible caso de guerra ilegal.
Sin embargo, pese a la clara falta de argumentos para sostener la legalidad de dicha acción, el gobierno
de los Estados Unidos ha empreendido un gran esfuerzo diplomático para obtener el apoyo de la
comunidad internacional y sobre todo para encuadrar esta guerra en la legalidad, a traves del permiso del
Consejo de Seguridad. Este intento se produzco en razón de lo costoso que se configura en términos
políticos y económicos promover una campaña militar de tal envergadura sin el consentimiento de la

comunidad internacional. En términos políticos, el coste se demuestra por la creciente dificultad del
gobierno de los Estados Unidos en obtener aliados en sus orientaciones (posiciones) y actos (conductas
concretas) de política exterior, lo que implica que sea más difícil utilizar la vía diplomática para promover
acciones de su interés, como serían, por ejemplo, presionar a Iran a abandonar su programa nuclear o
incluir a Japón permanentemente en el Consejo de Seguridad en una futura reforma de este órgano.
En términos económicos, se puede decir que el coste de dicho acto unilateral es doble. En primer
lugar, hay el coste directo de la operación, que se traduce en la financación de las operaciones militares y
de todas las actividades logísticas que son necesarias y en el coste de reconstrucción y pacificación del
país ocupado, tareas que se han revelado mucho más problemáticas y complicadas de lo que inicialmente
prevía la administración estadounidense. Además, se puede hablar de un coste económico indirecto,
generado por una creciente antipatía de los pueblos del mundo en relación al gobierno de los Estados
Unidos y al país en si mismo, lo que conlleva, por ejemplo, a que muchos turistas internacionales
prefieran otros destinos en sus viajes de ocio en lugar de viajar a los Estados Unidos[6]. De hecho, según
la Organización Mundial del Turismo, en el año de 2003 (el mismo de la guerra de Irak), los Estados
Unidos han perdido para España la posición de segundo destino turístico mundial[7].
Estos intentos de cambiar las “reglas del juego” o, más específicamente, de adaptarlas a las
necesidades o aspiraciones de la potencia hegemónica, motivadas por los citados costes en llevar a cabo
una acción militar fuera del ámbito de la legalidad, afectan la arquitectura de la seguridad colectiva en
diversos aspectos. Antes de mencionarlos, cabe recordar que el principio de la seguridad colectiva se basa
en la idea de una paz indivisible y protegida por la totalidad de los Estados del sistema internacional; en
términos prácticos, presupone el establecimiento de mecanismos formales (traducidos en la promoción de
la solución pacífica de controversias) que evitan y combaten ataques a la integridad territorial y a la
independencia política de los Estados[8]. Para que estos mecanismos funcionen de manera eficaz, es
necesario que las grandes potencias del sistema estén comprometidas en ello; si no es así, los demás
Estados miembros tienen la tendencia a no creer en la solidez de dicha arquitectura y en los principios de
la gobernanza global, lo que, en última instancia, dificulta la contribución de estos Estados en la
arquitectura global de seguridad, aumentando la inseguridad en términos generales.
Es exactamente esta situación de inseguridad la que se verifica en la actualidad. Cuando la potencia
hegemónica del sistema no se compromete a promover la paz y comete actos que violan el derecho
internacional del uso de la fuerza, los otros Estados se sienten amenazados, lo que muchas veces lleva a
una mayor destinación de los recursos estatales al aparato militar, en detrimento del desarrollo humano y
social del pueblo del país. La agenda internacional también pasa a dedicarse más a los temas de seguridad
y menos a los de desarrollo y combate a la pobreza, que expresan necesidades más urgentes para la
mayoría de los países del mundo.
Con relación a las implicaciones políticas del mantenimiento de las actuales reglas de la legalidad del
uso de la fuerza en las relaciones internacionales a pesar del aumento de sus violaciones por parte de la
mayor potencia mundial, se nota, primeramente, un claro debilitamiento de una esencial institución de la
gobernanza global, como es el derecho internacional. La eficacia de esta institución depende básicamente
del cumplimiento de sus normas por parte de los Estados, ya que no existe una autoridad jurídica
supranacional que obligue los Estados a respetar sus reglas. Este debilitamiento institucional hace que la
conducta de los Estados sea menos previsible y menos atada a las normas internacionales, lo que hace
aumentar la importancia de las capacidades materiales para la consecución de los objetivos de política

exterior de los diversos Estados.
En suma, la actual política exterior estadounidense no ha logrado adaptar las actuales “reglas del
juego” para encuadrar su conducta dentro de la legalidad del uso de la fuerza, lo que debilita las
instituciones de gobernanza global vigentes, notablemente el derecho internacional. Este inconveniente
puede ser resuelto si se cambia la política exterior de la mayor potencia mundial, lo que se espera q ocurra
en el próximo cambio de gobierno en Estados Unidos. La otra manera de resolver esta situación, aunque
más remota, sería el Consejo de Seguridad aceptar la justificación estadounidense de que está luchando
contra el terrorismo y autorizar futuras intervenciones militares que este país pretenda
realizar.
BIBLIOGRAFÍA
Crawford, Neta C., “Just War Theory and the U.S. Counterterror War”, Apsanet, volúmen 1, no 1, 2003.
Drumbl, Mark A., “Self Defense and the Use of Force: Breaking the Rules, Making the Rules, or Both?”,
International Studies Perspectives, volúmen 4, 2003.
Flint, Colin y Falah, Ghazi-Walid, “How the United States justified its war on terrorism: prime morality
and the construction of a 'just war'”, Third World Quarterly, volúmen 25, no 8, 2004.
Gonçalves, Williams y Silva, Guilherme. “Dicionário de Relaçoes Internacionais”, Barueri (Brasil),
Manole, 2005.
McMahan, Jeff, “Just Cause for War”, Ethics and International Affairs, volúmen 19, no 3, 2005.
Vasquez, John A., “Ethics, Foreign Policy, and Liberal Wars: The Role of Restraint in Moral Decision
Making”, International Studies Perspectives, volúmen 6, 2005.
Página en internet de la Organización Mundial del Turismo
(http://www.unwto.org/espanol/newsroom/Releases/2005/mayo/asia.htm), acceso en 21 de marzo de
2007.
[1]McMahan, Jeff, “Just Cause for War”, Ethics and International Af airs, volúmen 19, no 3, 2005, p.5.
[2]Gonçalves, Williams y Silva, Guilherme. “Dicionário de Relaçoes Internacionais”, Barueri (Brasil), Manole, 2005, p. 95.
[3]Drumbl, Mark A., “Self Defense and the Use of Force: Breaking the Rules, Making the Rules, or Both?”, International
Studies Perspectives, volúmen 4, 2003, p. 409.
[4]Normalmente, la legalidad del uso de la fuerza conlleva o es fruto de su legitimidad (apoyo de la comunidad internacional).
[5]Flint, Colin y Falah, Ghazi-Walid, “How the United States justified its war on terrorism: prime morality and the
construction of a 'just war'”, Third World Quarterly, volúmen 25, no 8, 2004, p. 1384.
[6]La importancia del turismo como fuente de ingresos y generación de renta nacional es un hecho evidente y cada vez más
importante en la actualidad.
[7] http://www.unwto.org/espanol/newsroom/Releases/2005/mayo/asia.htm, acceso en 21 de marzo de 2007.
[8]Gonçalves, Williams y Silva, Guilherme. “Dicionário de Relaçoes Internacionais”, Barueri (Brasil), Manole, 2005, p. 223.

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